Armando Fuentes no vela por los intereses del Estado panameño

El Administrador General de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos Armando Fuentes,  tiene pendiente una Denuncia Penal interpuesta el 5 de Enero de 2021, por el abogado Enrique de Gracia Lezcano por el presunto delito de abuso de autoridad, debido a que el funcionario se extralimitó en sus funciones y prorrogó el contrato de potencia y generación de energía a Panama NG Power.

Es importante señalar que Panama NG Power tiene vencida la Licencia Definitiva para ejecutar el proyecto y sus directivos no han entregado la documentación reglamentaria para solicitar una nueva prórroga.

Asimismo, no han presentado el Estudio de Impacto Ambiental de Categoría III correspondiente a este tipo de obra ni otros requerimientos de ley que permitieran comprobar la transparencia de sus acciones.

Armando Fuentes comete delito de infracción

Armando Fuentes comete delito de infracción por omisión y abuso de autoridad

Armando Fuentes conociendo las irregularidades y acusaciones que enfrenta la compañía no procedió a cancelar la Licencia Definitiva como corresponde a las sanciones para este tipo de caso, cometiendo el delito de infracción por omisión y abuso de autoridad, pasando por encima de los intereses ciudadanos, pues esta acción podría repercutir en el aumento de la tarifa eléctrica.

El funcionario actuó de manera irresponsable ya que tiene como deber salvaguardar los intereses de los ciudadanos en su función de  Administrador General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.

Es así como al otorgó la prórroga de forma ilegal a los contratos de suministro de potencia y energía, hace caso omiso a lo establecido en la lay panameña pasando por encima hasta de los intereses del estado, pues podría traer consecuencias legales para el país.

Funcionario infringe deberes de los servidores públicos

Esta posición de Armando Fuentes claramente está a favor de intereses privados, pese a que Panam NG Power tiene pendiente la entrega de una serie de requisitos, el funcionario no observa estas ilegalidades y actúa a favor de la compañía del empresario de nacionalidad italiana José Dapelo

De igual modo atenta con el debido funcionamiento de la Administración Pública y privilegia los intereses de la empresa  en polémica infringiendo los deberes de los servidores públicos  pues genera beneficios a terceros en detrimento de los intereses de los ciudadanos y de los consumidores finales.